Cuando Uruguay avanza en la implementación de la ley de regulación del cannabis y a nivel mundial el debate sobre "guerra contra las drogas" o "regulación del Estado sobre las drogas" se extiende, me parece oportuno retomar un artículo de 2013 cuando esta discusión recién comenzaba en nuestro país.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México suma pronunciamientos para abrir otras estrategias sobre el tema. La posibilidad que Naciones Unidas en 2016 abra escenarios mayores y mejores para este debate, tiene que ver en alguna medida con la posición innovadora de Uruguay en un contexto donde el fracaso de la "guerra contra las drogas" es muy evidente. La labor de la Junta Nacional de Drogas ha sido un ejemplo de continuidad y audacia desde 2005 para impulsar una estrategia distinta y promover el involucramiento de la comunidad y de multiples instituciones en ella.  Milton Romani y Julio Calzada, en la secretaria general, Jorge Vazquez  y ahora Juan Andres Roballo desde la presidencia de la SND, y el respaldo de los tres gobiernos frenteamplistas, han sido fundamentales para que estas cosas sucedan. Y junto a ellos mucha otra gente, desde las instituciones y desde la comunidad  han aportado al debate y a la creación de las redes en drogas que hoy existen en casi todo el país. La etapa que se abre es decisiva, no solo por el cuidado en la implementación sino también en la construcción del respaldo ciudadano, en los cambios culturales y sociales que esto implica. No es el problema de una droga sino de una forma de pararse ante el sufrimiento social, ante los dilemas de la convivencia. 
Pablo

Marihuana : Un debate necesario

El proyecto que pone bajo control estatal el mercado de la marihuana es un
disparador de un debate fecundo. Al mismo tiempo necesita de una discusión amplia
del conjunto de la sociedad, del sistema político, de las organizaciones sociales y de la
academia. Con distintos formatos, en Montevideo e Interior, con el aporte de expertos
internacionales ese debate ha comenzado a desplegarse. Con estas líneas
procuramos aportar al mismo.

Tres líneas argumentales son, para nosotros, las más importantes: el enfoque de salud
pública; el impacto sobre el narcotráfico y la seguridad ciudadana y el enfoque de
derechos. Todas ellas en el marco de la integralidad de las políticas sobre drogas que
incluye tanto las diferentes formas de regulación de la demanda como la reducción de
la oferta de drogas legales e ilegales.

Desde el punto de vista de la salud pública el control por parte del Estado de la
comercialización amplía las posibilidades de trabajar en la reducción de los daños al
garantizar la calidad del producto, y procura disminuir el consumo problemático de
marihuana gracias a una mayor cercanía con los usuarios. Ambos son aspectos
importantes a valorar.

Algunos hablan de liberalización de la marihuana. No compartimos esta expresión
para referirnos a este proyecto. Hoy la marihuana está controlada por el narcotráfico,
que se enriquece y fomenta el crimen organizado. Eso es mucho más liberal que la
regulación por parte del Estado. ¿Cómo puede fundamentarse desde la salud pública
que sea mejor el control del mercado por el narcotráfico y no por el Estado? ¿En qué
escenario hay mayores posibilidades de actuar para reducir el consumo problemático
de esta droga? Las políticas con un enfoque de reducción de daños constituyen una
forma de incidir sobre los efectos negativos del consumo de drogas, complementaria
al abstencionismo, que resulta muchas veces insuficiente ante el consumo
problemático de sustancias.

Esto en ningún caso significa un estimulo al consumo de marihuana sino por el
contrario buscar una forma más eficaz de desarrollar estrategias de prevención del
consumo problemático. En ningún caso puede ser un estímulo al consumo porque la
marihuana no es una sustancia inocua y tiene efectos perjudiciales para la salud. Hay
que decirlo con todas las letras, impedir toda promoción de su uso e informar de los
perjuicios que genera. Esa información y prevención debe ser una tarea fundamental
de los organismos relacionados con la salud y con la regulación de la demanda de
drogas tanto legales como ilegales. Como se ha hecho con respecto al tabaco y como
se propone hoy respecto al alcohol.

No tiene los riesgos ni genera los daños que producen otras sustancias como la
pasta base de cocaína, la cocaína, los derivados del opio o incluso drogas legales
como el alcohol pero existen otros, están comprobados. El uso problemático de
marihuana afecta de forma importante el proceso de aprendizaje, la memoria, la
coordinación motriz y múltiples sistemas fisiológicos, pudiendo llegar en algunos casos
a episodios psicóticos o esquizofrenia. Su consumo durante el embarazo afecta el


desarrollo del feto. La escasa percepción del riesgo en una parte de los jóvenes
respecto al consumo problemático de la marihuana constituye un problema real a
enfrentar con campañas adecuadas de información. Es desde esa base conceptual
que debemos encarar las estrategias de prevención y regulación.

Sin embargo la prohibición y el control por el narcotráfico de su oferta no han
resultado ser la mejor forma de lidiar con este problema.

La estrategia de guerra contra las drogas preconizada por Estados Unidos ha
fracasado en sus objetivos de reducir el consumo y el tráfico. Por el contrario ha
llenado América Latina de muertos, mafias, armas y crímenes conexos. Setenta mil
muertos en México, 25 mil desaparecidos y como resultado, el tráfico sigue creciendo.
En Uruguay tiene impactos sobre la seguridad y empieza a generar crímenes como los
ajustes de cuentas y el sicariato. Se han iniciado circuitos delictivos de difícil
culminación y las cárceles se llenan de personas vinculadas al narcotráfico.

En la región, en América Latina y en el mundo hay un debate sobre estos temas,
porque las estrategias de dominación y de fractura social tienen un alto impacto en la
vida de nuestros pueblos. No sólo Uruguay sino países como Guatemala, Colombia y
México promueven debates y ensayan políticas de drogas alternativas. Personalidades
como Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Fuentes, Cesar Gaviria,
George P. Shultz, Mario Vargas Llosa, Ernesto Zedillo, integrantes de la Comisión
Global, entre ellos ex presidentes de países como Colombia, México y Brasil
fundamentan hoy la necesidad de cambiar la estrategia y adoptar formas distintas de
regular y controlar las drogas. La labor desarrollada desde 2005 y el debate actual
nos posicionan bien a nivel internacional dentro de ese contexto y en cierta forma nos
ubican a la vanguardia de este tema.

En Uruguay el uso de drogas no está penado de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente. Si el consumo es legal en nuestro país, ¿por qué obligar a los consumidores
a recurrir al mercado ilegal y delictivo? Puede argumentarse desde una perspectiva de
derechos individuales y colectivos que garantizar el acceso en condiciones adecuadas
es un avance. Pero en particular vale la pena cuestionarse: ¿por qué es mejor que
sea el narcotráfico quien controle el suministro? ¿Mejor para quién? ¿Por qué dejarle
ese poder y ese lucro al crimen organizado?¿Por qué no pensar en la utilización de
esos recursos para crear centros de atención a los usuarios problemáticos y sus
familias?

El proyecto de ley ha tenido avances. La versión inicial de un artículo único era muy
discutible. El proyecto actual es una propuesta más amplia de regulación que incluye
el uso medicinal, el científico y el recreativo y que prevé también el autocultivo
regulado y otras formas de consumo controlado como los clubes de cannabis.

Las experiencias en Holanda con los coffe shops, o dispositivos similares en India y
Pakistán o los clubes canábicos en España y recientemente los plebiscitos en los
estados de Colorado y Washington en EEUU abren un conjunto de experiencias que,
con variantes, muestran como posible generar una política de regulación diferente al
prohibicionismo. Son bastantes experiencias, en países muy distintos, que están
avanzando hacia mejores formas de regulación .


Por último, ratificamos la integralidad de la política de drogas aplicada desde el 2005.
Una política que no estigmatiza al consumidor, desarrolla claras estrategias de
prevención y al mismo tiempo reprime el narcotráfico como nunca antes. Una
concepción que plantea el tema como un compromiso de todos y apuesta a la
participación social e institucional múltiple, a la descentralización en redes territoriales
y al abordaje comunitario. Una actuación sobre drogas legales y no solo ilegales.

La experiencia de nuestro país con el tabaco muestra cómo fue posible actuar en
relación con una droga legal (y letal) y obtener una reducción significativa de su
consumo. Esa comparación es válida. Es posible tener una estrategia exitosa en
relación con drogas reguladas por el Estado. La adicción al tabaco produce efectos
terribles para la salud. Sin embargo es legal. Y las políticas de cesación de
tabaquismo, de regulación y control estatal, han dado resultados positivos de
disminución del consumo en estos pocos años, con amplio respaldo ciudadano. Es un
camino más interesante que un prohibicionismo que fracasa en sus metas de salud
pública y fortalece el narcotráfico.

Tenemos que incrementar las acciones respecto al alcohol. Recordemos que es el
alcohol y no la marihuana, el principal problema en drogas. No debemos olvidar que
el centro del problema está en los vínculos y no en la sustancia, puede haber vínculos
muy negativos con sustancias blandas y vínculos leves con sustancias duras. Y no
todo consumo de sustancias adquiere un carácter de problemático.

Por otro lado Uruguay no puede simplemente ignorar los tratados internacionales que
ha suscrito en esta materia. Sin embargo puede defender una vía distinta para
proteger derechos humanos fundamentales como la salud, cumpliendo con
convenciones internacionales de DDHH que son también obligaciones asumidas por el
país.

Pablo Anzalone

Director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo  (2005-2015)

Coordinador de la Junta Departamental de Drogas de Montevideo (2012-2015)