Escribe Pablo Anzalone
Columna de opinión publicada en la contratapa del Semanario Crónicas del 28 de agosto 2015

Nuestra sociedad tiene una gran cantidad de problemas de salud vinculados a la malnutrición por déficit y por exceso. Desde la desnutrición crónica, hasta la obesidad y el sobrepeso que alcanzan al 64% de la población. Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en nuestro país. Tenemos cifras de mortalidad por cáncer, problemas cerebro-vasculares y cardiovasculares que duplican las de nuestros vecinos y las de América Latina. Enfermedades que se transmiten a través de pautas culturales vinculadas a la alimentación, el sedentarismo y los consumos problemáticos.
Para hacer frente a esta situación hay que plantearse un cambio global del enfoque. No se puede seguir pensando estos temas desde una óptica de resignación.

Las políticas públicas que apuntan a la inocuidad de los alimentos deben sustentarse en tres pilares: a) agencias públicas de contralor con capacidad de fiscalización. b) buenas prácticas en empresas y trabajadores de la alimentación. c) consumidores con más instrumentos para ejercer sus derechos. La transparencia y la información pública son valores a cultivar desde las instituciones.

Hay una problemática de fondo que refiere a los hábitos alimentarios. Consumimos demasiada sal, demasiadas  grasas y  azúcares, pocas frutas y verduras. Los alimentos procesados con alto contenido en sal, azúcares y grasas, las bebidas azucaradas, son responsables de la epidemia de obesidad existente. Para promover un cambio de hábitos se han implementado múltiples actividades a lo largo de los años. Insuficientes, hasta el momento.

La convicción sobre la necesidad de una estrategia más potente llevó a que, en el 2013, comenzara a gestarse un salto en calidad. Para ello fue necesaria la búsqueda de alianzas más amplias, denuncias más claras y la concreción de jalones que marcaran un rumbo. Con la convicción de que alertar sobre los problemas, elevar la percepción de riesgo es una forma de aunar las fuerzas necesarias para cambiar.
En este sentido  se promovió la aprobación de un Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada con un amplio abanico de fuerzas. En el proceso de intercambios  se llegó a un texto que fue firmado por más de cuarenta organizaciones, cuatro ministros, la IM, sociedades académicas, asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales. Esta declaración  incluye  conceptos estratégicos, un diagnóstico de la situación nutricional  y las  grandes líneas de acción  hacia un cambio de fondo en relación al tema.
Milton Romani decía hace poco que todos adherimos al paradigma de la complejidad, pero ello nos puede llevar a desestimar medidas simples, que generan un antes y un después, que operan simbólicamente en la opinión pública. La prohibición de fumar en locales cerrados es un ejemplo. El decreto que establece el retiro de saleros de la mesa de restaurantes, es otro. Ambas proponen una disyuntiva que obliga a la opción consciente del consumidor, desnaturalizando un hábito ya integrado.
Un tercer ejemplo es la Ley de alimentación saludable en centros educativos aprobada por unanimidad en el Parlamento que problematiza los malos hábitos de alimentación en niños y jóvenes. El programa Merienda Saludable llevado adelante en centros educativos con la formación de promotores escolares fue un gran avance en el tema.

Crear condiciones para que los consumidores ejerzan sus derechos es una línea central. El decreto  que resolvió la obligatoriedad del etiquetado de los alimentos con componentes transgénicos fue un adelanto en ese sentido. El derecho a saber lo que contienen los alimentos  es básico. Más de 64 países, entre ellos la Unión Europea, Japón y Brasil han adoptado normas similares. Montevideo  tiene hoy capacidad analítica para fiscalizar la norma. Ningún retroceso en este tema sería conveniente y por el contrario la norma montevideana crea condiciones para su a mpliación a  otros departamentos y el país todo.

De manera similar es necesario ampliar  a nivel nacional  otros avances de Montevideo como los POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Higiene) en las empresas alimentarias y la trazabilidad obligatoria de los alimentos.
El trabajo en conjunto con la UDELAR ha creado las bases para una regulación con bases científicas.
La idea de un etiquetado por colores con  una información clara  a los consumidores ha tenido mucho trabajo interinstitucional. Destaco los aportes del Núcle
o Interdisciplinario de la Universidad. Hoy está a consideración de un Grupo de Trabajo dentro del MSP creado en 2014 que aún no se ha reunido. 
Son remarcables los acuerdos del MSP con el Centro Industrial de Panaderos para  reducir la cantidad de sal en el pan. Los estudios sobre los umbrales de percepción de reducción de sodio son un aporte valioso para armar un Plan de Reducción de Sodio en panificados, que tenga  carácter obligatorio.
También resaltamos los compromisos empresariales con la Cámara Industrial de Alimentos y Cambadu para mejorar los componentes nutricionales de los alimentos y la promoción de alimentos saludables  en los locales comerciales.
La Cartelera Destacada creada por la Intendencia de Montevideo con amplio acuerdo interinstitucional puede ser un instrumento valioso para reconocer los esfuerzos sociales y empresariales en pos de la alimentación saludable.
Hay que prestar atención a la publicidad de los alimentos porque en la construcción o reafirmación de los hábitos hay una gran disparidad de poder. Quien puede desarrollar mecanismos masivos de comunicación es quien incide en mayor medida en  los consumos. Aspiramos a  cambiar los consumos y para eso necesitamos establecer criterios y  normativas sobre la publicidad de alimentos con altos contenidos en sodio, azúcares y grasas. No es razonable que existan campañas millonarias en productos cuyo efecto negativo para la salud está comprobado y que exigen del Estado y la sociedad gastos cada vez mayores para hacer frente a las patologías generadas.

Si bien la experiencia mexicana de poner impuestos a las bebidas azucaradas es interesante y parece estar dando resultados positivos, la posibilidad de establecer una tasa sobre los alimentos con alto contenido en sodio, grasas y azúcares, tiene también ventajas. No es dinero para rentas generales sino una tasa, es decir, recursos destinados a un servicio específico a la sociedad, en este caso el desarrollo de programas de promoción de la alimentación saludable. Tendría el mismo fundamento de que “el que contamina o rompe, debe pagar para reparar el daño”.

Un capitulo relevante es la Ley 19.292, en la que el Estado se obliga a que un mínimo del 30% de sus compras sean cubiertas por la producción agropecuaria familiar y la pesca artesanal. El apoyo a la producción agroecológica es otra línea a priorizar por su aporte a la inocuidad de los alimentos, al cuidado del medio ambiente y a la producción familiar. Las organizaciones que luchan por el medio ambiente y la alimentación saludable cumplen un rol educativo y movilizador muy positivo.
Existen intereses contradictorios y lógicas de poder que defienden el lucro por encima de todo pero  también a veces nos auto limitamos innecesariamente. Nos falta audacia para juntar fuerzas y dar pasos trascendentes. Ninguna de estas transformaciones se resuelve en un acto. Tenemos que construir un proceso claro de acumulación de fuerzas en torno a los objetivos acordados. Estos procesos necesitan hitos que sean visibles  y contribuyan al cambio cultural. Los gobiernos, nacional, departamentales y municipales, tienen  responsabilidades, el Poder Legislativo, la prensa, la academia, las organizaciones sociales y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio rol a cumplir.